El organismo fiscalizador identificó observaciones relacionadas con precios, acreditación de servicios, rendiciones pendientes y mecanismos de supervisión de proyectos financiados con recursos regionales. El Gobierno Regional reconoció debilidades institucionales e informó sobre medidas administrativas y acciones judiciales.
Los resultados de una investigación de la Contraloría Regional de Los Ríos pusieron bajo revisión los mecanismos de fiscalización de recursos transferidos por el Gobierno Regional (GORE) a organizaciones sociales. El denominado caso Fagalde involucra proyectos financiados durante 2023, 2024 y 2025, según la investigación publicada por El Ciudadano, con observaciones sobre precios, acreditación de servicios y supervisión.
Según El Ciudadano, el informe final N.º 589 de Contraloría, fechado el 1 de octubre de 2026, examinó antecedentes de 117 proyectos, entre ellos iniciativas de seguridad ciudadana y de carácter social, que incorporaron cotizaciones de empresas vinculadas al exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano Eduardo Fagalde Ampuero.
Observaciones a precios y acreditación de servicios
El reportaje describe diferencias entre valores facturados y precios de mercado en proyectos de instalación de cámaras y alarmas, además de reparos relativos a servicios de difusión, relatorías y otros gastos cuya ejecución o respaldo documental fueron cuestionados. Estas observaciones administrativas no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad penal.
Rendiciones pendientes y garantías
De acuerdo con antecedentes difundidos por El Mostrador, 94 proyectos por un monto conjunto de $1.273 millones mantenían rendiciones pendientes. También se informaron observaciones sobre garantías vencidas. El monto corresponde a financiamiento asociado a rendiciones pendientes y no debe interpretarse como recursos perdidos o perjuicio fiscal acreditado.
Respuesta del Gobierno Regional
En una declaración pública del 8 de octubre de 2026, el GORE reconoció que los informes de Contraloría identificaron debilidades en determinados procedimientos de control, supervisión y revisión institucional durante el período observado.
La institución sostuvo que un exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, anterior al período del gobernador Luis Cuvertino, habría intervenido, una vez fuera del organismo, como gestor externo y proveedor en diversas iniciativas. Precisó que las eventuales responsabilidades deben ser determinadas por los organismos competentes.
El Gobierno Regional informó que puso antecedentes a disposición del Ministerio Público, instruyó procedimientos administrativos, implementó una Unidad de Rendiciones y conformó instancias especiales de revisión. Asimismo, señaló que desarrolla gestiones relativas a garantías y recuperación de recursos.
Respecto de un proyecto asociado a la Banda La Teruka, presentado por Surcultura, el GORE indicó que no aprobó la rendición y que mantiene una demanda contra la entidad. Añadió que denunció ante el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos antecedentes de una eventual adulteración documental.
La declaración institucional afirma que ni el Gobierno Regional ni sus funcionarios utilizaron fondos para beneficio personal. Esa posición corresponde a la versión oficial del organismo y no reemplaza las conclusiones que puedan establecer las investigaciones.
Medidas y seguimiento
El GORE anunció el fortalecimiento de controles sobre intermediarios, revisión de proveedores y precios, supervisión de ejecución, trazabilidad de gastos y rendiciones de cuentas. El avance de estas medidas, el esclarecimiento de eventuales responsabilidades y la recuperación de recursos cuando corresponda serán aspectos relevantes del seguimiento público del caso.
