María Marticorena y Jessica González, dirigentas de la Asociación de Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados de Valdivia, analizan el complejo traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Alertan que la disminución de recursos del Estado amenaza directamente la alimentación de los estudiantes y exigen a los parlamentarios legislar conectados con la realidad local.
En una nueva emisión de entrevistas en Crónicas al Margen, conversamos con María Marticorena y Jessica González, presidenta y tesorera respectivamente de la Asociación de Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados de Valdivia. La organización, que agrupa a directivas de más de 30 establecimientos educacionales de la zona, busca incidir formalmente para mejorar la calidad de la educación pública.
Durante el diálogo, las dirigentas evaluaron la instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), calificando el proceso “de menos a más”. Aunque valoran la apertura al diálogo del actual director, señalan que el organismo ha heredado deficiencias antiquísimas de infraestructura correspondientes a la época de administración municipal, sumado a problemas urgentes en el transporte escolar de zonas alejadas y descoordinaciones institucionales durante las emergencias climáticas.
El punto más crítico de la jornada abordó el inminente recorte presupuestario impulsado desde el gobierno central. Las representantes advirtieron que esta reducción ya se palpa en la falta de profesores de reemplazo y amenaza con dejar sin alimentación escolar a niños vulnerables. Finalmente, lanzaron un duro mensaje a los parlamentarios de la Región de Los Ríos, instándolos a no usar al SLEP por motivos ideológicos ni partidistas, y exigiendo que el Estado asuma el financiamiento educativo como su primera prioridad.
