Registro fotográfico de dos espacios de memoria en Valdivia
[OPINIÓN] La Corte Suprema ratificó que los crímenes cometidos en Valdivia en 1984 fueron montajes estatales. Hoy, esa sentencia constituye un insumo indispensable, especialmente desde una perspectiva local, para analizar los riesgos de una reforma que propone restringir derechos fundamentales en nombre de la seguridad pública.
El 23 y 24 de agosto de 1984, la Central Nacional de Informaciones (CNI) desplegó en el sur de Chile la denominada Operación Alfa Carbón. Según documenta el Colectivo Sur Memoria y Dignidad, esta acción represiva de la dictadura cívico-militar dejó siete personas asesinadas en Concepción, Hualpén, Los Ángeles y Valdivia.
En Valdivia, el organismo represivo ejecutó montajes para asesinar de forma extrajudicial a Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala en el sector del puente Estancilla, y a Juan José Boncompte Andreu en calle Rubén Darío.
En 2024, al cumplirse 40 años de los hechos, la Corte Suprema ratificó la sentencia definitiva contra 17 exintegrantes de la CNI por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado. El fallo estableció una verdad judicial irrefutable: las ejecuciones no fueron “enfrentamientos”, sino operativos planificados y ejecutados desde la estructura del Estado.
A 42 años de este episodio, los antecedentes judiciales de la Operación Alfa Carbón, junto con los archivos de sitios de memoria como Londres 38 y Villa Grimaldi, no son solo un recordatorio del pasado. También son una herramienta histórica clave para examinar las implicancias institucionales de propuestas legislativas actuales que buscan ampliar las atribuciones punitivas e investigativas del Ejecutivo, como el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.
Este análisis no pretende establecer una equivalencia automática entre un régimen dictatorial y un contexto democrático. Su objetivo es distinto, advertir sobre los riesgos estructurales que aparecen, con independencia del gobierno de turno, cuando se debilitan los contrapesos al poder estatal bajo el argumento de la “seguridad pública”.
1. Restricción de libertades
El dato: La propuesta de reforma constitucional contempla la creación del Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública por 120 días, prorrogables por otros 120. Esta figura otorgaría al Ejecutivo la facultad de suspender o restringir derechos como la libertad personal, la libre circulación, el derecho de reunión, la asociación y la inviolabilidad de las comunicaciones, incluida la interceptación telefónica.
El análisis: La sentencia del caso Alfa Carbón permite observar, como contrapunto histórico, cómo la flexibilización de las garantías constitucionales bajo el paraguas de la “seguridad nacional” habilitó a organismos estatales para actuar al margen de la ley. Esa ausencia de contrapesos efectivos derivó en vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos.
2. La fragilidad de las garantías fundamentales
El dato: La propuesta actual señala que las medidas deberán ajustarse a los tratados internacionales vigentes y a los límites constitucionales.
El análisis: La experiencia histórica muestra las severas limitaciones de estas salvaguardas cuando operan únicamente como declaraciones formales. Esta fragilidad resulta especialmente preocupante cuando actores políticos cuestionan o buscan debilitar a las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos. En ese contexto, la senadora de Renovación Nacional María José Gatica ha solicitado reducir el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para 2028. A su vez, su cuñado, diputado independiente en cupo RN, Daniel Valenzuela ar, ha calificado al organismo como “un nido de zurdos” y ha afirmado que “ni siquiera debiera existir”. Por su parte, el diputado republicano Leandro Kunstmann ha sostenido que el “INDH debe desaparecer”. Se trata de declaraciones públicas que no solo cuestionan la actuación del organismo, sino que ponen en entredicho su propia existencia y, con ello, la legitimidad de su función de protección y fiscalización en materia de derechos humanos.
3. Militares a la calle
El dato: El proyecto establece que las zonas bajo este nuevo estado de excepción quedarían bajo el mando de un oficial general, habilitando la participación directa de personal militar en labores de seguridad pública.
El análisis: El antecedente de 1984 evidencia los riesgos de esa combinación. La destinación de organismos militares y de inteligencia a funciones de orden interno derivó en ejecuciones extrajudiciales y en la formación de asociaciones ilícitas integradas por agentes del Estado, preparados para la lógica de la guerra y no para la seguridad pública democrática.
4. Opacidad institucional
El dato: La iniciativa legislativa faculta al Ejecutivo para clasificar organizaciones como “terroristas” o vinculadas al “crimen organizado” sobre la base de informes de inteligencia. Aunque esta decisión requeriría aprobación del Senado, el procedimiento se realizaría en sesión secreta y con antecedentes reservados.
El análisis: El fallo de Alfa Carbón demostró que la falta de escrutinio público y la reserva de antecedentes en las actuaciones de inteligencia estatal impidieron un control jurisdiccional oportuno y favorecieron la impunidad de los crímenes cometidos. La opacidad institucional, en ese sentido, constituye un terreno fértil para el abuso de poder.
