# Disputa por la elección del directorio del APR Niebla Los Molinos genera advertencias de cortes para el verano y el MOP guarda silencio

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- Published: 2026-11-14T13:10:48-03:00
- Author: Luis Germán C. León

### _Cinco reclamaciones cuestionan la legalidad de la elección del directorio realizada el 18 de julio. Mientras la directiva electa advierte sobre posibles cortes de agua durante el verano, los reclamantes exigen repetir la elección. Al cierre de esta edición, la Seremi de Obras Públicas no había respondido las consultas sobre las medidas para asegurar la continuidad del servicio._

Un conflicto electoral, acusaciones cruzadas y diferencias sobre la administración
mantienen enfrentados a sectores del Comité de Agua Potable Rural Niebla Los Molinos.
La disputa trascendió la elección de su directorio. En septiembre, las dificultades
para disponer de los fondos del comité comprometieron el pago de remuneraciones 
y la compra de insumos para potabilizar el agua. Gestiones de la Municipalidad de
Valdivia ante Banco Santander permitieron habilitar los giros y superar esa contingencia.
Sin embargo, la controversia electoral continuó, mientras la proximidad del verano
vuelve especialmente relevante asegurar la continuidad del suministro para las familias,
los emprendimientos y las actividades de la costa.

La Ley 20.998 regula la prestación de los servicios sanitarios rurales, conocidos
como SSR, mediante comités y cooperativas sin fines de lucro. Su fiscalización corresponde
a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, sin perjuicio de las atribuciones
de la autoridad sanitaria. El MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas
y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, cumple funciones de asistencia
y asesoría técnica. Además, cuando se cumplen las causales y el procedimiento legal,
el ministro de Obras Públicas puede declarar en riesgo la prestación del servicio
y designar un administrador temporal para resguardar su continuidad. En Niebla Los
Molinos, la organización mantiene la denominación de Comité de Agua Potable Rural,
o APR.

### Los hechos documentados

A partir de los expedientes judiciales y documentos de acceso público, **Crónicas
al Margen** reconstruye los principales hechos de la disputa sometida al Tribunal
Electoral Regional de Los Ríos, o TER.

El 13 de junio de 2026, el comité celebró una elección de directorio que terminó
cuestionada ante el TER. Jorge Navarro Burgos y Carla Lizama Uribe presentaron reclamaciones
que dieron origen a las causas 16 y 17 de 2026, posteriormente reunidas en un mismo
expediente.

Mientras esas impugnaciones se tramitaban, el conflicto también se expresó dentro
de la organización. Según el escrito que más tarde presentarían Fidelina Sánchez
y otros socios, el 4 de julio se realizó una asamblea autoconvocada en la que se
eligió una comisión electoral alternativa. Esa instancia fue cuestionada por la 
comisión electoral y la directiva que defendieron el proceso posterior.

El 18 de julio, el APR realizó una nueva elección. De ella surgió el directorio 
presidido por Pablo Rivera Martineau. Sin embargo, la nueva votación tampoco cerró
las diferencias.

El 27 de julio, Fidelina Sánchez y otros ingresaron una reclamación contra ese proceso,
registrada con el rol 19 de 2026. Denunciaron, entre otros puntos, una comisión 
electoral fuera de plazo, una supuesta manipulación del libro de socios, el rechazo
de candidaturas y restricciones para presenciar el conteo. También cuestionaron 
la posibilidad de que Rivera postulara tras una renuncia anterior. Se trataba de
acusaciones sometidas al conocimiento del tribunal, pendientes de acreditación.

Durante los primeros días de agosto ingresaron otras cuatro reclamaciones, presentadas
por Juan Santana Zúñiga, Beatriz Binder Sandoval, Carla Lizama Uribe y Jorge Navarro
Burgos. Con ellas, las impugnaciones contra la elección del 18 de julio llegaron
a cinco.

El 6 de agosto, el TER resolvió el primer capítulo judicial, referido a la votación
de junio. Acogió la excepción de falta de objeto presentada por la parte reclamada,
pues consideró que la elección del 13 de junio había quedado reemplazada por la 
del 18 de julio. La resolución no determinó si las irregularidades denunciadas en
junio habían ocurrido y dejó expresamente a salvo el derecho de los socios a impugnar
el nuevo proceso.

### Las cinco reclamaciones

El 12 de agosto, las causas de Binder, Lizama y Navarro se acumularon a la causa
19 de 2026.

La respuesta de la parte reclamada fue defender la regularidad de la elección. En
su contestación, Pablo Rivera y Norma Riquelme, presidenta de la comisión electoral,
sostuvieron que se habían cumplido las exigencias legales y estatutarias. Solicitaron
rechazar las reclamaciones y ratificar la validez del directorio electo.

El 3 de septiembre se registró la incorporación del expediente de la reclamación
de Santana. Así, las cinco impugnaciones quedaron reunidas en la causa principal.

### El recurso de protección

En paralelo al conflicto electoral, el 4 de septiembre la directiva electa presentó
un recurso de protección para acceder a los fondos de la cuenta corriente del comité
en Santander, pagar remuneraciones y comprar cloro e insumos de potabilización. 
Según expuso la parte recurrente, **los trabajadores acumulaban cerca de tres meses
sin recibir sus remuneraciones.** La cuenta seguía recibiendo pagos, pero el banco
no había reconocido las firmas del presidente y de la tesorera electos necesarias
para efectuar giros.

La acción también se dirigió contra seis socios y contra la Dirección de Obras Hidráulicas,
la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Municipalidad de Valdivia. A los
socios se les atribuyeron conductas de obstaculización y hostigamiento, mientras
que a los organismos públicos se les reprochó una falta de actuación frente a la
emergencia.

Durante la tramitación, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, o SISS, informó
sobre una fiscalización realizada el 11 de septiembre. En ella se recogieron antecedentes
sobre falta de recursos para insumos, cortes programados y riesgo de suspensión 
total del suministro para el día 15.

La situación bancaria se destrabó el 14 de septiembre. Según informó Santander a
la Corte, un funcionario municipal comunicó la urgencia y el riesgo de interrupción
del agua. Ese mismo día, el banco reconoció excepcionalmente las facultades del 
presidente y de la tesorera para operar conjuntamente, sobre la base del certificado
provisorio municipal.

Un día después, el 15 de septiembre, el TER recibió la causa 19 de 2026 a prueba.
Fijó como materias de discusión la convocatoria, la elección e integración de la
comisión electoral y las reglas sobre padrón, votación e inscripción de candidatos.

El recurso de protección fue resuelto el 27 de octubre. Durante la audiencia, la
representante de la parte recurrente se desistió de las acciones y peticiones contra
la Municipalidad de Valdivia y la Dirección de Obras Hidráulicas, según la certificación
incorporada al expediente.

Ese mismo día, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso sin costas,
al considerar superada la situación principal que había motivado su presentación.
Según estableció el fallo, la cuenta estaba habilitada y el servicio funcionaba 
normalmente. Respecto de las alegaciones adicionales, estimó que eran genéricas 
y que no tenían fundamentos suficientes para ordenar medidas concretas. **La sentencia
no resolvió la validez de la elección.**

En el listado público de la causa electoral consultado para esta crónica, la última
actuación visible estaba fechada el 7 de octubre. No figuraba una sentencia sobre
la elección del 18 de julio.

### Dos posturas

Con el acceso bancario restablecido, las diferencias sobre el proceso electoral 
y la conducción del APR persistieron. **Crónicas al Margen** recogió las versiones
de **Pablo Rivera**, presidente electo, y de **Carla Lizama**, una de las reclamantes.
Sus testimonios muestran distintas evaluaciones sobre la participación de los socios,
la transparencia de la administración y las condiciones necesarias para asegurar
el funcionamiento del servicio.

El acta de la elección del 18 de julio, incorporada al expediente electoral, consigna
que votaron 36 socios de un universo de 1.058 socios registrados. La participación
equivale aproximadamente al 3,4 % de ese total, aunque el documento no precisa por
separado cuántos estaban habilitados para sufragar. Pablo Rivera Martineau obtuvo
25 votos, Roxana Miranda Ríos recibió diez, Aída Aguayo Gaete obtuvo uno y Jeannette
Sanhueza Rull no recibió votos.

**Rivera** defendió su gestión y la legalidad del proceso electoral. A su juicio,
la baja participación no es un fenómeno nuevo en las organizaciones comunitarias.
Para ilustrar su argumento, planteó un ejemplo hipotético.

“Si siempre votaran 300, 400 personas y en esta elección justo votaron 50, ahí diría.
Oye, aquí hay algo que está pasando en el asunto. Pero si desde el año 90 en todas
las elecciones ha sido lo mismo, en realidad no encuentro cuál sería la sorpresa
o el resalte de la situación”, explicó.

Respecto de la administración, aseguró que han incorporado herramientas para ordenar
las finanzas y que percibe conformidad entre los usuarios.

“Nosotros, para que haya mayor transparencia y para que haya mayor orden en todos
esos dineros, compramos un software contable de última generación”, relató.

Agregó que han realizado conciliaciones bancarias y que cuentan con un balance aprobado
conforme a la ley. También sostuvo que recibieron el comité con dificultades económicas
y que lograron reunir ahorros.

“Nosotros cuando en la directiva pasada recibimos el comité, lo recibimos prácticamente
en quiebra y con muchas deudas (…) Nosotros teníamos 82 millones de pesos ahorrados.
O sea, eso significa que somos el APR en la región que se podría decir que tiene
más ahorro y mejor administrado, con datos duros, con datos físicos y con cuenta
bancaria”, afirmó.

Añadió que han equipado a los trabajadores según una evaluación de un prevencionista
de riesgos y que adquirieron una miniexcavadora para facilitar las reparaciones 
cuando se producen roturas de cañerías.

“Aquí todos los días viene la gente y la gente no dice, Oye, ¿sabe qué? Estuve una
semana sin agua, o estuve dos semanas con el agua con barro, o no estoy de acuerdo
con eso. Pero la gente viene, paga y dice que no tiene ningún problema”, insistió.

Respecto del proceso judicial, Rivera expresó confianza en el trabajo de la comisión
electoral y aseguró que acatará la resolución del tribunal.

“Mire, yo creo profundamente en la independencia de los tribunales. Sea lo que ellos
decidan, nosotros lo vamos a acatar. Pero me consta que las personas que estuvieron
en la comisión electoral fueron sumamente transparentes”, dijo.

También advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una eventual 
anulación de la elección.

“Si ahora llega a salir la resolución negativa, vamos a tener que volver a hacer
otras elecciones nuevas y eso se va a demorar aproximadamente tres meses, y en esos
tres meses no va a haber dinero. Eso va a significar que en el verano los usuarios,
las ferias costumbristas, las cabañas y todas las personas que viven de lo que ganan
en el verano, van a haber cortes de agua por varias horas”, sostuvo.

Por su parte, **Carla Lizama** cuestionó la forma en que se ha desarrollado el proceso
electoral y planteó la necesidad de ampliar la participación y fortalecer los mecanismos
de transparencia del APR.

Para la reclamante, el conflicto no se limita al resultado de la última votación,
sino que involucra la organización del proceso y las condiciones para participar.
Espera que el tribunal reconozca las irregularidades que denuncia. Según explicó,
la vigencia de la directiva anterior terminaba a comienzos de febrero, por lo que
la renovación debió prepararse desde fines del año pasado.

“La vigencia de la última directiva terminaba los primeros días de febrero de este
año, entonces era necesario hacer un proceso anterior. No se realizó, y desde febrero
de este año han estado intentando realizar procesos no como corresponden”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó el desempeño de la comisión electoral y pidió que sus
integrantes fueran elegidos nuevamente por los socios. A su juicio, es necesario
desarrollar una convocatoria que permita recuperar la confianza y ampliar la participación.

“Lo primero sería levantar un proceso abierto, democrático, informado, donde las
socias y socios se motiven a participar. Tener una directiva completa, tres titulares,
tres directores suplentes”, señaló.

Otro de sus planteamientos apunta al acceso a los estatutos y a la claridad del 
registro de socios, documentos que considera fundamentales para determinar quiénes
pueden votar y presentar candidaturas.

“Si ese libro de socios ya no existe, necesitamos tener un registro de socios actual
para que las personas puedan participar sin negarles la posibilidad a ser directiva,
a votar, que es lo que necesitamos para llevar a cabo un buen proceso”, explicó.

Lizama también destacó la necesidad de contar con una comisión revisora de finanzas
que acompañe a la directiva y contribuya a transparentar los ingresos y gastos del
comité. Asimismo, pidió fortalecer las asambleas como espacios para rendir cuentas,
responder consultas e informar sobre la administración del servicio.

La reclamante expresó su convicción de que una mayor información a la comunidad 
permitiría fortalecer la participación en el funcionamiento del APR. Finalmente,
rechazó que las reclamaciones busquen el cierre o la privatización del comité.

“Nosotros no buscamos que se cierre el APR, nosotros no buscamos que se privatice
tampoco. Lo que nosotros buscamos como socios y socias autoconvocados es que esto
funcione como tiene que ser. Que las asambleas vuelvan a ser un lugar de encuentro,
de información, de consultas, de respuestas a la comunidad de lo que está ocurriendo
y de lo que se hace en el APR”, concluyó.

### La necesidad de una respuesta institucional

Sin renunciar a sus argumentos, ambas partes coinciden en que las exigencias que
la institucionalidad impone a los antiguos APR pueden superar las capacidades humanas
y de gestión de sus socios y dirigentes. Ese diagnóstico plantea la necesidad de
contar con acompañamiento institucional e instancias independientes de carácter 
técnico que contribuyan a resolver las discrepancias entre los socios, sin poner
en riesgo el abastecimiento de agua potable, el pago de remuneraciones ni la adquisición
de insumos esenciales para el funcionamiento del servicio.

Al cierre de esta nota, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de 
Los Ríos no había respondido las consultas de **Crónicas al Margen** sobre el seguimiento
a la situación del APR Niebla Los Molinos y las medidas previstas para asegurar 
la continuidad del abastecimiento durante el verano.

### Nota editorial

**Crónicas al Margen** tomó conocimiento de reclamos y acusaciones cruzadas que 
involucran a la directiva electa, reclamantes y otros dirigentes sociales de la 
costa. Estas incluyen supuestas amenazas, maltratos, conductas violentas o machistas
y presuntos malos tratos hacia trabajadores del APR, además de atribuciones de animadversión
y venganza relacionadas con conflictos entre organizaciones comunitarias.

Estas materias deben esclarecerse y resolverse ante las instituciones competentes,
con respeto al debido proceso. Su examen excede el propósito de esta crónica, centrada
en la disputa electoral, sus efectos en la administración del APR y la continuidad
del abastecimiento de agua potable. Su mención no implica dar por acreditadas las
acusaciones ni atribuir responsabilidades.
