Corte de Apelaciones de Valdivia deja sin efecto la aprobación ambiental de Bahía Coique y ordena consultar a la comunidad de Isla Huapi

Mapa de Bahía Coique, portada de la declaración de impacto ambiental y extracto del acta con el voto de la delegada Vicky Carrasco.

La comunidad mapuche huilliche de Isla Huapi consume agua sin tratar del lago Ranco. Al acoger su recurso de protección, el tribunal concluyó que la propia autoridad ambiental había reconocido que una descarga al río Coique, afluente del lago, podía afectarla.

La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto el viernes 20 de noviembre la resolución que aprobó el proyecto inmobiliario Bahía Coique, en la comuna de Futrono. La Primera Sala ordenó retrotraer la evaluación ambiental para que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos consulte a la Comunidad Indígena Isla Huapi antes de volver a pronunciarse sobre la iniciativa.

El proyecto de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A. contempla 208 segundas viviendas y una planta de tratamiento de aguas servidas en la ribera del lago Ranco. La comisión había aprobado su Declaración de Impacto Ambiental el 7 de septiembre. Un mes después, Elías Comulay Ñancumil, en representación de la comunidad, recurrió a la Corte por la omisión de la consulta indígena prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El agua que consume Isla Huapi

Isla Huapi se encuentra a 9,8 kilómetros del proyecto. En su recurso, la comunidad explicó que su relación con el lago se expresa en las rutas de navegación, la recolección de lawen y las ceremonias. También expuso una situación que la Municipalidad de Futrono confirmó ante la Corte. La isla carece de un sistema de agua potable rural en funcionamiento y sus habitantes consumen agua del lago sin tratamiento.

Durante la evaluación, el municipio había formulado observaciones sobre la capacidad del sistema sanitario del proyecto, la eventual descarga de emergencia al río Coique y los antecedentes utilizados para establecer la calidad del agua. En agosto, al revisar las respuestas de la empresa, informó que esas observaciones seguían pendientes.

El Servicio de Evaluación Ambiental pidió rechazar el recurso. Sostuvo que se realizaron dos procesos de participación ciudadana y entrevistas a integrantes de la comunidad. Añadió que, según un modelo de dispersión, la descarga de la planta no alcanzaría la isla ni alteraría la calidad del agua del lago.

Por qué la Corte ordenó la consulta

Para la Corte, un antecedente decisivo estaba en la propia resolución que aprobó el proyecto. Al examinar la descarga al río Coique, la comisión identificó una posible afectación a la comunidad y reconoció tanto su dependencia del lago como su vínculo espiritual con sus aguas. Luego descartó esa afectación a partir de la distancia y del modelo de dispersión.

El tribunal sostuvo que, conforme al Convenio 169, la posibilidad de que una medida afecte directamente a la comunidad basta para activar el deber de consultarla. Determinar el alcance de esa afectación era precisamente una de las materias que la autoridad debía discutir con ella. La Sala concluyó que omitir la consulta fue ilegal y vulneró la garantía de igualdad ante la ley.

Con el fallo, dictado en la causa de protección rol 1045-2026, el proyecto vuelve a la etapa previa a su calificación ambiental. La autoridad deberá realizar la consulta con la Comunidad Indígena Isla Huapi antes de decidir nuevamente sobre la iniciativa.