La Corte de Apelaciones de Valdivia pidió informe a los organismos recurridos y rechazó suspender los efectos de la resolución impugnada. El funcionario cuestiona una sanción derivada de un sumario iniciado en 2020.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible el recurso de protección de un funcionario de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, quien impugna una sanción disciplinaria derivada de un sumario iniciado en 2020. La resolución fue dictada el 5 de noviembre de 2026. La acción se dirige contra el Ministerio del Interior, a través del Servicio de Gobierno Interior, y la delegación presidencial regional.
El recurrente solicita dejar sin efecto una resolución del 23 de noviembre de 2023, que dispone su suspensión del empleo durante tres meses con goce del 50 % de la remuneración y una anotación de demérito de seis puntos. Alega que el tiempo transcurrido en la tramitación vuelve ilegal y arbitraria la aplicación de la medida.
Una investigación por compras de alimentos durante la pandemia
Según los antecedentes expuestos en el recurso, la Contraloría Regional de Los Ríos ordenó instruir el sumario el 25 de junio de 2020. La investigación se originó en observaciones a una contratación mediante trato directo con Comercial Weber SpA, vinculada a los programas “Fondo Organización Regional de Acción Social” y “Alimentos para Chile”, por operaciones efectuadas los días 19 y 20 de mayo de ese año.
El documento señala que al funcionario se le formularon cuatro cargos el 12 de abril de 2021 y que la vista fiscal de octubre de ese año los tuvo por acreditados y propuso una sanción. El recurso no desarrolla el contenido particular de esos cargos, por lo que su relato no permite precisar cada una de las conductas investigadas.
Los antecedentes de la compra de cajas de alimentos
En mayo de 2020, cuando se realizaron las compras investigadas, el intendente de Los Ríos era César Asenjo Jerez.
Un reportaje publicado por CIPER el 23 de enero de 2021 abordó las contrataciones de Comercial Weber para el programa “Alimentos para Chile” en Los Ríos. Según esa investigación, basada en un informe de Contraloría, la empresa obtuvo en mayo de 2020 un contrato por cinco mil cajas de alimentos, por $223 millones.
El reportaje señaló que la firma no tenía giro en venta mayorista de alimentos cuando recibió su primera solicitud de cotización en abril de 2020 y que sus anteriores contratos estatales correspondían al transporte. También consignó que, para la compra de mayo, presentó cuatro ofertas sucesivas con precios cada vez menores. Según un testimonio ante Contraloría recogido por CIPER, desde la Intendencia se contactó al proveedor para que ajustara el precio.
Estos antecedentes permiten contextualizar las compras investigadas. El recurso de protección ahora declarado admisible cuestiona los plazos del procedimiento y la aplicación de la sanción. Los documentos revisados no permiten establecer que cada observación descrita en el reportaje corresponda a uno de los cuatro cargos formulados al recurrente.
El cuestionamiento a los plazos del procedimiento
El recurrente sostiene que la medida disciplinaria fue dispuesta inicialmente en enero de 2022 y que presentó recursos administrativos. De acuerdo con su relato, en noviembre de 2023 la Contraloría representó una resolución sancionatoria porque la decisión que rechazaba su apelación no exponía suficientemente sus fundamentos de hecho y de derecho.
El escrito añade que la resolución N° 546 fue tomada de razón con alcance el 22 de septiembre de 2025 y que su notificación con ese trámite cumplido ocurrió el 15 de octubre de 2026. Entre el inicio del sumario y esa última fecha transcurrieron más de seis años.
El recurrente califica ese lapso como un “plazo completamente excesivo y cuya extensión no obedece a ningún tipo de justificación razonable”. Sobre esa base, invoca el decaimiento del procedimiento, entendido en su argumentación como la pérdida de eficacia por una demora injustificada, y la prescripción de la responsabilidad administrativa.
La prescripción y las calificaciones funcionarias
La defensa afirma que el funcionario continuó desempeñando sus labores y que fue calificado en cuatro oportunidades en Lista 1 Distinción. Sostiene que el transcurso de las calificaciones permite reanudar el cómputo de la prescripción y que su responsabilidad ya se encontraba prescrita en mayo de 2024.
El Estatuto Administrativo establece un plazo general de cuatro años para la prescripción de la acción disciplinaria, con reglas especiales de interrupción y suspensión. La aplicación de esas disposiciones al caso requiere examinar los actos del procedimiento y las calificaciones invocadas. La tesis del funcionario constituye una alegación del recurso.
La Corte rechazó la orden de no innovar
Además de dejar sin efecto la sanción, el funcionario pide la devolución del 50 % de las remuneraciones que afirma haber sufrido como descuento desde octubre de 2026. Denuncia afectaciones a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al derecho de propiedad.
En la causa rol 1105 de 2026, la Corte pidió informe a la parte recurrida dentro de seis días, junto con los antecedentes y documentos que obren en su poder. La resolución señala que “no se hace lugar a la orden de no innovar solicitada”. De esta forma, el tribunal rechazó la suspensión provisional de los efectos de la resolución impugnada.
La admisibilidad permite tramitar el recurso y no constituye una decisión sobre la legalidad de la sanción ni sobre la prescripción alegada. Los documentos revisados no incluyen los informes de los organismos recurridos ni una sentencia sobre el fondo de esta acción.
Sobre el recurso de protección, se solicitó una declaración a la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
