La secretaria de la junta de vecinos de Lumaco, Vania Zúñiga Ramos, advierte que las fallas y las restricciones de uso han frustrado las expectativas de las familias. La SEC instruyó al municipio regularizar las instalaciones fiscalizadas.
Tras años de espera por una solución eléctrica en los sectores rurales de Corral, la llegada del suministro no trajo la prosperidad prometida, por lo menos para el sector de Lumaco. Así lo deja de manifiesto Vania Zúñiga Ramos, secretaria de la junta de vecinos del sector, quien advierte que las observaciones de Contraloría y las deficiencias detectadas por la SEC generan "temor y decepción".
Crónicas al Margen dio a conocer dos informes en relación con el proyecto denominado "Construcción electrificación fotovoltaica Lumaco, Cancagual, Tres Chiflones y Cadillal, comuna de Corral", que consiste en la implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales de autogeneración y almacenamiento de energía para abastecer de electricidad continua a viviendas y recintos comunitarios aislados de la red eléctrica en la comuna de Corral.
La iniciativa fue licitada por la Municipalidad de Corral y adjudicada el 13 de marzo de 2024 a la Constructora SURCOS SpA, en unión temporal con la Sociedad Dual Service SpA, mediante el Decreto Exento N.º 696 de la Municipalidad de Corral, cuando Miguel Hernández Mella ejercía como alcalde. Los recursos fueron aportados por el Gobierno Regional de Los Ríos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
El proyecto contempló la adquisición de 164 sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía, además de dos soluciones de generación con doble empalme para abastecer de forma conjunta a centros comunitarios de baja ocupación, totalizando 166 soluciones fotovoltaicas.
La Contraloría detectó deficiencias constructivas y administrativas, además de cuestionar tres prórrogas contractuales que sumaron 290 días. A ello se agregan los incumplimientos de seguridad eléctrica constatados por la SEC en Lumaco, que instruyó al municipio regularizar las instalaciones fiscalizadas. El proyecto registraba un avance financiero del 94,61 % en octubre de 2025. Crónicas al Margen contactó a la Municipalidad de Corral para conocer las medidas adoptadas frente a estas observaciones, pero no obtuvo respuesta.
La ilusión arrebatada y la "crueldad" del beneficio a medias
"No hay una relación precio-calidad. Esa es la sensación con la que uno se queda", sostiene la dirigente Vania Zúñiga al contrastar el millonario desembolso fiscal con la calidad de los equipos recibidos en los hogares.
Para las familias de Lumaco, compuestas mayoritariamente por adultos mayores que subsisten con la Pensión Garantizada Universal (PGU), el acceso a la energía representaba un cambio histórico de vida. "Había gente que llevaba más de 60 años sin nunca haber tenido luz, iluminándose con chonchón", relata Zúñiga. Con el inicio de las pruebas, los vecinos adquirieron lavadoras e instalaron refrigeradores para conservar sus alimentos.
Sin embargo, ese entusiasmo inicial chocó rápidamente con restricciones absurdas impuestas en terreno.
Según la dirigenta, los inspectores municipales y de obra llegaron a advertirles a los ancianos que solo podían usar el sistema para cargar celulares y que conectar un electrodoméstico común, como un hervidor eléctrico, anularía las garantías.
"Para alguien que vive siempre sin luz, la panacea es tener luz. Pero les dimos de probar la luz y compraron lavadora, algunos vecinos tienen el refrigerador… Después dejarlos sin el servicio igual es cruel, pensando en esta solución parche", enfatiza Zúñiga.
"Riesgo de electrocución"
Las dudas de los vecinos encontraron respaldo formal tras la reciente fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), originada precisamente por una denuncia de la directiva de Lumaco. El informe del ente regulador acreditó deficiencias críticas, entre ellas bornes energizados sin protección, humedad en las casetas y canalizaciones defectuosas, advirtiendo incluso riesgo de electrocución en la propia sede comunitaria.
Para Zúñiga, estas observaciones técnicas adquieren una dimensión dramática en la cotidianidad del campo. "En las casas, la puerta está al lado de la zona donde podría haber fuego, y no sé si las personas alcanzarían a reaccionar para poder salir; hasta sus vidas están en riesgo", añadió.
A este peligro se suma el abandono vial de la zona. "Podríamos estar en una convivencia y un vecino topa mal un fierro, un cable o un enchufe, ¿y qué hacemos, si ni siquiera tenemos camino para que llegue una ambulancia?", dijo.
"Nosotros como usuarios finales no somos los que tenemos que pedirle explicaciones a la empresa; quien tiene nuestra voz es el municipio, y eso es lo que está al debe", concluyó.
