La Contraloría detectó deficiencias constructivas y administrativas, además de cuestionar tres prórrogas contractuales que sumaron 290 días. A ello se agregan los incumplimientos de seguridad eléctrica constatados por la SEC en Lumaco, que instruyó al municipio regularizar las instalaciones fiscalizadas. El proyecto registraba un avance financiero del 94,61 % en octubre de 2025. Crónicas al Margen contactó a la Municipalidad de Corral para conocer las medidas adoptadas frente a estas observaciones, pero no obtuvo respuesta.
Desde la creación de la Región de Los Ríos, la electrificación de las zonas rurales ha sido una meta intransable para los distintos gobiernos regionales, que no han escatimado esfuerzos mediante la transferencia de recursos a los municipios y el establecimiento de alianzas entre el sector público y privado para dotar de suministro eléctrico continuo a las familias de los sectores rurales, mejorando así su calidad de vida y avanzando en la reducción de las brechas de acceso a servicios básicos en el territorio.
Pero en Corral la historia es otra. Dos documentos oficiales a los que tuvo acceso Crónicas al Margen dan cuenta de una serie de observaciones, tanto en el ámbito administrativo como respecto de la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas. A ello se suman las dudas, el malestar y la decepción de dirigentes vecinales, quienes ven cómo lo que debería representar un avance, y que tuvo un costo para el Estado de $2.872.890.401, se está transformando en un serio problema.
Se trata del proyecto denominado “Construcción electrificación fotovoltaica Lumaco, Cancagual, Tres Chiflones y Cadillal, comuna de Corral”, que consiste en la implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales de autogeneración y almacenamiento de energía para abastecer de electricidad continua a viviendas y recintos comunitarios aislados de la red eléctrica en la comuna de Corral.
La iniciativa fue licitada por la Municipalidad de Corral y adjudicada el 13 de marzo de 2024 a la Constructora SURCOS SpA, en unión temporal con la Sociedad Dual Service SpA, mediante el Decreto Exento N.º 696 de la Municipalidad de Corral, cuando Miguel Hernández Mella ejercía como alcalde. Los recursos fueron aportados por el Gobierno Regional de Los Ríos, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
El proyecto contempló la adquisición de 164 sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía, además de dos soluciones de generación con doble empalme para abastecer de forma conjunta a centros comunitarios de baja ocupación, totalizando 166 soluciones fotovoltaicas.
Demoras, filtraciones de agua y pagos superiores al 94 % del contrato
Una publicación de BioBioChile, fechada el 23 de marzo de 2026, recogió declaraciones del actual alcalde, Claudio González, sobre el avance de las obras. La autoridad señaló que las instalaciones de Cancagual ya estaban funcionando y estimó un plazo de entre 30 y 60 días para resolver las observaciones y cerrar el proyecto. También sostuvo que los trabajos no serían recibidos mientras no se resolvieran las dudas pendientes e informó sobre un cambio de inspector técnico.
Un mes después, la Contraloría Regional de Los Ríos emitió el Informe Final N.º 167, de fecha 23 de abril de 2026, al que tuvo acceso Crónicas al Margen y en el que se identificó una serie de observaciones sobre la ejecución del proyecto.
El organismo fiscalizador examinó una muestra de 23 sistemas fotovoltaicos, equivalente al 13,9 % de las 166 soluciones contempladas en el contrato, mediante inspecciones efectuadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
Entre los hallazgos, la Contraloría detectó casos de beneficiarios a quienes no se les realizaron las instalaciones eléctricas interiores contempladas en el contrato, debido a que sus viviendas ya contaban con ellas. Sin embargo, de acuerdo con las bases técnicas, estas situaciones requerían la autorización de la Inspección Técnica de Obra (ITO) y, según correspondiera, la ejecución de las instalaciones en otras dependencias del beneficiario o la entrega de los materiales respectivos.
El informe señala que no se acreditaron debidamente las autorizaciones ni la entrega de materiales en los casos examinados, por lo que instruyó al municipio informar sobre el estado de las compensaciones y aportar los respaldos correspondientes.
También se formularon observaciones sobre las conexiones aéreas y la ausencia de estudios de ingeniería para determinar la ubicación de paneles solares de beneficiarios que no habían sido contemplados inicialmente. En particular, la Contraloría advirtió la falta de estudios de sombra que permitieran justificar técnicamente el emplazamiento de estos sistemas.
Asimismo, se detectaron filtraciones de agua y humedad en los pisos de las casetas, debido a un sellado deficiente y a la falta de piezas botaguas en los accesos, además de la ausencia de ductos de ventilación en las celosías, necesarios para evitar el sobrecalentamiento de las baterías.
En el ámbito administrativo, el informe también cuestionó las decisiones adoptadas por la Municipalidad de Corral. La entidad edilicia autorizó tres prórrogas contractuales que sumaron 290 días adicionales, todas durante 2025, sin que se advirtieran fundamentos ni respaldos técnicos que acreditaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, ni una evaluación detallada de su impacto en la ruta crítica de las obras.
Las ampliaciones fueron aprobadas por 120, 80 y 90 días, respectivamente, mediante los decretos alcaldicios N.º 627, N.º 1.801 y N.º 2.536 de 2025, extendiendo el plazo contractual hasta el 12 de enero de 2026. Además, la fiscalización observó la falta de aplicación de multas por atrasos relacionados con la entrega y corrección de la ingeniería de detalle.
Paralelamente, se formularon observaciones al padrón de usuarios, del que se excluyó a 12 postulantes originales y se incorporó a 11 nuevos beneficiarios sin que se acreditara el cumplimiento de los acuerdos comunitarios contemplados en el modelo de gestión del proyecto. A ello se suma la falta de comprobación del destino de un sistema fotovoltaico sobrante respecto de la nómina licitada.
El documento también identificó deficiencias en la labor de la Inspección Técnica de Obra, al permitir la puesta en marcha de equipos sin contar con la recepción provisoria ni haber realizado previamente la capacitación de los beneficiarios.
Asimismo, se verificó una importante discrepancia en la información pública, ya que el municipio mantenía registrada la obra con un 0 % de avance en la plataforma GEO-CGR, pese a que, al 28 de octubre de 2025, el estado de pago acumulado alcanzaba los $2.718.099.657, equivalentes al 94,61 % del monto total del contrato.
Un antecedente relevante del proceso de fiscalización es que la Municipalidad de Corral no presentó sus descargos ante las observaciones formuladas inicialmente por la Contraloría.
Según el informe, el municipio solicitó una ampliación del plazo para responder al preinforme, la que fue concedida por el organismo fiscalizador. Sin embargo, al no recibir los antecedentes requeridos, la Contraloría mantuvo la totalidad de las observaciones en su informe final.
Fiscalización de la SEC en Lumaco
De igual forma, este medio tuvo acceso al Oficio Ordinario Electrónico N.º 357734, de fecha 28 de octubre de 2026, mediante el cual la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó a la Municipalidad de Corral los resultados de una fiscalización realizada tras una denuncia ciudadana presentada por la directiva de la Junta de Vecinos de Lumaco.
La SEC efectuó una inspección en terreno el 14 de octubre de 2026, durante la cual constató múltiples fallas e incumplimientos normativos en algunas instalaciones fotovoltaicas domiciliarias del sector Lumaco.
El organismo señala que las instalaciones inspeccionadas no se ajustan a lo declarado ante la SEC, ya que los proyectos presentados sólo contemplaban las instalaciones interiores y omitían identificar el sistema de generación, sus componentes, configuraciones, conexiones y especificaciones técnicas.
Entre los hallazgos más críticos expuestos por el organismo fiscalizador se encuentra el peligro asociado al sistema de almacenamiento de energía mediante baterías.
La inspección constató que, en la mayoría de las instalaciones revisadas, las bases sobre las que se encontraban los soportes de las baterías presentaban humedad. Asimismo, se detectaron incumplimientos de las distancias mínimas de seguridad para la ubicación de estos equipos, además de bornes energizados al descubierto, sin protección contra contactos accidentales.
La SEC también acreditó deficiencias en las puestas a tierra y en los sistemas de protección eléctrica. La fiscalización evidenció que algunas estructuras metálicas de los paneles solares, canalizaciones y cajas de derivación carecían de conexiones adecuadas a tierra de protección.
Asimismo, se constató la ausencia de puestas a tierra de servicio en las instalaciones inspeccionadas, además de protecciones diferenciales que no operaban correctamente debido a conexiones con polaridad invertida y derivaciones directas desde los bornes de dispositivos de protección que no cumplían con la normativa.
Otro hallazgo fue la presencia de cableado precario e inadecuado. Los inspectores constataron canalizaciones compartidas entre circuitos de corriente continua y alterna, conductores positivos y negativos instalados sin la separación reglamentaria, conexiones entre conductores sin métodos que garantizaran su resistencia mecánica y cables sin los terminales correspondientes.
La fiscalización también identificó incumplimientos en las instalaciones eléctricas interiores, entre ellos enchufes ubicados a alturas inadecuadas y centros de iluminación sin conductores de puesta a tierra de protección.
Finalmente, se verificó que algunas estructuras metálicas exteriores presentaban corrosión y oxidación, mientras que las instalaciones carecían de procedimientos visibles de encendido y apagado de emergencia en los tableros eléctricos correspondientes.
SEC ordena regularizar las instalaciones eléctricas
Ante las deficiencias constatadas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó formalmente a la Municipalidad de Corral regularizar las instalaciones fiscalizadas, de acuerdo con la normativa eléctrica vigente.
El organismo estableció que los trabajos de regularización deberán ser realizados por un instalador eléctrico autorizado, quien tendrá que declarar las instalaciones ante la SEC mediante el respectivo certificado eléctrico TE1.
Asimismo, otorgó al municipio un plazo máximo de 15 días hábiles para informar sobre el cumplimiento de la instrucción, contados desde la notificación correspondiente.
En el oficio, la SEC recordó que los propietarios de instalaciones eléctricas tienen la responsabilidad de mantenerlas en condiciones seguras y de cumplir con las exigencias técnicas establecidas en la normativa.
Además, advirtió que el incumplimiento total o parcial de las instrucciones impartidas puede dar lugar al inicio de procedimientos sancionatorios, conforme a las facultades que le otorga la Ley N.º 18.410.
Sin respuesta del municipio
Crónicas al Margen consultó al área de Comunicaciones de la Municipalidad de Corral para conocer si las observaciones contenidas en el Informe Final N.º 167 de la Contraloría fueron subsanadas y si las deficiencias detectadas en las instalaciones fiscalizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles fueron regularizadas.
Sin embargo, al cierre de esta nota, el municipio no había entregado una respuesta.
