[OPINIÓN] A siete años del estallido social de octubre de 2019, una reflexión desde Valdivia sobre cómo distintos sectores políticos capitalizaron las demandas ciudadanas y los episodios de violencia para alcanzar el poder, mientras las promesas de transformación, las desigualdades y la deuda de la dignidad siguen pendientes para miles de familias trabajadoras y de clase media.
Se cumplen siete años del estallido social, también denominado revuelta popular, que comenzó el 18 de octubre de 2019 y marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Chile. Lo que inicialmente surgió como una protesta contra el alza de la tarifa del Metro de Santiago terminó expresando un profundo descontento con las desigualdades sociales, las condiciones de vida y el funcionamiento de las instituciones. Valdivia no estuvo ajena a este proceso. Sus calles y la Plaza de la República fueron escenario de algunas de las manifestaciones más multitudinarias de las últimas décadas en la capital de la Región de Los Ríos. Una de ellas fue la denominada Marcha de los Paraguas, realizada el 25 de octubre de 2019, que reunió a más de diez mil personas, según consignó entonces El Diario Austral de Región de Los Ríos.
Las movilizaciones de octubre de 2019 también contribuyeron a consolidar el protagonismo de una nueva generación de dirigentes políticos que había comenzado a organizarse durante las movilizaciones estudiantiles de años anteriores. Una de sus principales expresiones fue el Frente Amplio, coalición fundada en 2017 que posteriormente avanzó hacia la conformación de un partido único. En Valdivia, una de las figuras más representativas de este sector político es la actual alcaldesa, Carla Amtmann, cuyo liderazgo permite observar cómo una generación que construyó su identidad política cuestionando el orden establecido pasó a ejercer responsabilidades de gobierno y administrar las mismas instituciones que antes interpelaba.
Los hechos son claros. Una generación de dirigentes que llegó al poder durante el gobierno de Gabriel Boric logró capitalizar políticamente las heterogéneas reivindicaciones que dieron origen al malestar social de octubre de 2019, incorporándolas a sus discursos y campañas electorales. Sin embargo, una vez instalados en la administración del Estado, tanto en el ámbito nacional como en los espacios regionales y locales, experimentaron una rápida transformación política. Siguiendo la interpretación que desarrolla Alberto Mayol en Boric. El laberinto de las puertas, resulta paradójico que una generación que construyó buena parte de su identidad cuestionando a las élites políticas tradicionales terminara recurriendo, para sostener su propio gobierno, a los cuadros técnicos y políticos formados durante los gobiernos de la Concertación, coalición que en 2013 dio paso a la Nueva Mayoría con la incorporación del Partido Comunista. Aquellos dirigentes que durante años fueron cuestionados por representar una forma de ejercer el poder terminaron convirtiéndose en parte fundamental de la administración de quienes prometían superarlos.
Pero la utilización política del estallido social no fue patrimonio exclusivo de quienes llegaron al gobierno de Gabriel Boric. También resulta paradójico que sectores que enfrentaron las masivas movilizaciones de octubre de 2019 concentraran buena parte de sus respuestas en la condena de la violencia y el restablecimiento del orden público, relegando las causas del malestar ciudadano a un segundo plano. Una posición que resulta aún más cuestionable cuando se considera la defensa política de actuaciones policiales que terminaron en graves vulneraciones de derechos humanos, con personas heridas, víctimas de mutilaciones oculares y denuncias de tortura. A ello se sumó un relato que intentó instalar la idea de que el estallido social había sido orquestado y organizado por grupos nacionales o extranjeros, pese a que, transcurridos siete años, no se han presentado públicamente pruebas concluyentes que acrediten la existencia de una organización centralizada detrás de las movilizaciones que se extendieron por todo Chile. Una cosa es que determinados hechos violentos hayan podido ser planificados por grupos específicos y otra muy distinta es pretender explicar un fenómeno social de semejante magnitud como una operación organizada, desconociendo las condiciones que llevaron a miles de ciudadanos a manifestarse.
Así como una parte de la izquierda encontró en las reivindicaciones sociales una oportunidad para ampliar su representación política, sectores de la derecha, particularmente aquellos vinculados al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario, hicieron de la violencia, la inseguridad y el rechazo al estallido elementos centrales de su discurso público. Sin embargo, el ejercicio del poder también terminó enfrentándolos con sus propias contradicciones. El gobierno de José Antonio Kast, que convirtió la seguridad en una de sus principales promesas electorales, debió responder a cuestionamientos sobre la claridad de su estrategia para enfrentar la delincuencia. Su primera ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció que no esperaba que el Congreso exigiera un plan formal y por escrito, mientras que su sucesor, Martín Arrau, anunció que trabajaría sobre la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric. A ello se sumó el retiro de una controvertida propuesta de reforma constitucional que buscaba ampliar las atribuciones presidenciales para enfrentar el crimen organizado, pero que despertó reparos por sus posibles efectos sobre las libertades públicas y las garantías fundamentales. La contradicción vuelve a manifestarse cuando quienes construyeron su camino al poder cuestionando las respuestas de sus adversarios terminan enfrentando las dificultades de administrar el Estado y sostener sus propias promesas.
Para esta nueva conmemoración del 18 de octubre, organizaciones sociales y políticas de izquierda, sin representación parlamentaria, han convocado a nuevas movilizaciones. Es evidente que, ante cualquier episodio de violencia o alteración grave del orden público, la condena será prácticamente unánime, y no tendría por qué ser de otra manera. Sin embargo, cabe preguntarse cuánto de esa unanimidad responde a una convicción doctrinaria, ética o moral y cuánto a un cálculo político-electoral. Los resultados del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, publicados a pocos días de este aniversario, muestran que el 64 % de los encuestados evalúa negativamente las consecuencias del estallido social, mientras que el 80 % rechaza la violencia como mecanismo para conseguir transformaciones sociales. No obstante, la encuesta La Cosa Nostra revela que un 35,4 % sigue considerando las marchas y protestas como el mecanismo más eficaz para que el Gobierno escuche las demandas ciudadanas. Ambas cifras muestran que el rechazo a la violencia no necesariamente implica desconocer la legitimidad de la protesta y que la memoria de octubre de 2019 resulta bastante más compleja de lo que sugieren algunas declaraciones políticas.
Pese a ello, el debate público insiste, de manera casi majadera, en reducir el significado del 18 de octubre a sus episodios de violencia. Probablemente, durante muchos años más, cada aniversario estará acompañado de las mismas preguntas y condenas, porque difícilmente alguien quisiera volver a experimentar aquellos hechos violentos. Pero esa constatación no debería impedirnos discutir las causas que llevaron a miles de personas a manifestarse ni las responsabilidades que asumieron quienes posteriormente prometieron hacerse cargo de sus demandas. El deterioro de la aprobación ciudadana, tanto durante el gobierno de Gabriel Boric como en la actual administración de José Antonio Kast, también invita a preguntarse por el costo político de las expectativas frustradas. La ciudadanía parece estar pasando la cuenta a quienes hicieron uso, y en algunos casos abuso, de las legítimas reivindicaciones del estallido social, así como a quienes exacerbaron sus episodios de violencia o llegaron incluso a ridiculizar a las víctimas de la represión policial.
Resulta fácil levantar discursos desde la comodidad de una tribuna política cuando no son sus protagonistas quienes deben tomar la decisión de disparar, ni son sus hijos quienes deben vestir un uniforme para salir a controlar el orden público y exponerse a situaciones de violencia. Mientras tanto, promesas como mejorar las remuneraciones de los funcionarios policiales y equiparar determinados incentivos con los de otros trabajadores del Estado, particularmente en materia de Programas de Mejoramiento de la Gestión, parecen diluirse con el paso del tiempo. Una muestra más de la distancia que suele existir entre las declaraciones formuladas para conquistar apoyo ciudadano y las decisiones que finalmente se adoptan cuando llega el momento de gobernar.
Lo que permanece, sin embargo, son las legítimas reivindicaciones que dieron origen al estallido social. Quienes tienen a sus hijos e hijas en la educación pública, desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media, saben que las condiciones no necesariamente han mejorado y que, en algunos casos, incluso han empeorado. El traspaso de la administración municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha dejado al descubierto dificultades estructurales de financiamiento, pero también obliga a examinar las responsabilidades de los municipios durante el proceso de transición. Cabe preguntarse qué habría ocurrido si, durante el año previo al traspaso, las administraciones municipales hubiesen realizado oportunamente las reparaciones pendientes en los establecimientos, asegurado la disponibilidad de leña y calefacción y entregado los insumos necesarios para su funcionamiento. Eran obligaciones que debían cumplirse independientemente de quién administraría posteriormente los establecimientos. Es precisamente en esas decisiones donde se pone a prueba la responsabilidad pública y la verdadera vocación de servicio de un alcalde o alcaldesa, más allá de sus discursos, aspiraciones y proyectos políticos.
La educación pública es solo un ejemplo de las deudas que permanecen pendientes. Las demandas que movilizaron a millones de personas también siguen presentes en las dificultades de acceso a la salud, las deficiencias del transporte público y el incumplimiento de compromisos como la condonación de las deudas educativas asociadas al Crédito con Aval del Estado. Por supuesto, sería injusto desconocer los avances y mejoras alcanzados durante estos años, pero buena parte de ellos se ha desarrollado dentro del mismo modelo político, social y económico que permitió los avances de los gobiernos de la Concertación. Un modelo que comenzó a experimentar transformaciones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se abrió paso una concepción del Estado que no debía limitarse a distribuir subsidios, sino asumir un papel más activo en la garantía de derechos y la generación de bienestar social, entendiendo que este último constituye también una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país.
Siete años después, la deuda de las promesas y, especialmente, la deuda de la dignidad siguen pendientes para miles de ciudadanos y ciudadanas de los sectores populares y las clases medias. Familias que observan cómo los abusos persisten tanto en el sector público como en el privado, mientras aquella dignidad que se reclamaba en las calles parece no haber llegado. En su lugar, el debate político ha terminado muchas veces reducido a instalar el temor de que el adversario les quitará lo poco que han conseguido, reemplazando la discusión sobre las transformaciones necesarias por la amenaza permanente de perder aquello que se ha logrado.
Y aquí vale la pena cuestionar una de las promesas más arraigadas de nuestra sociedad, aquella que sostiene que el talento y el esfuerzo individual bastan para progresar. Como plantea el filósofo estadounidense Michael Sandel en La tiranía del mérito, el éxito personal no puede explicarse desconociendo las condiciones familiares, económicas y sociales que determinan las oportunidades. En Chile, esta discusión adquiere especial relevancia cuando el establecimiento educacional donde se estudió, la carrera elegida, la universidad de origen y las redes de influencia continúan marcando diferencias en las posibilidades de desarrollo. Porque para quienes no tienen padres poderosos, ni padrinos o madrinas capaces de abrirles las puertas del poder, la promesa de que basta con esforzarse para alcanzar una vida mejor puede terminar convirtiéndose en una nueva fuente de frustración. La meritocracia, presentada como garantía de igualdad de oportunidades, pierde buena parte de su sentido cuando el punto de partida sigue siendo tan desigual.
Quizás, entonces, lo que termina quedando es aquel viejo y reiterado desahogo de malestar que, al no encontrar respuestas concretas, se transforma lentamente en desidia, frustración y desencanto. Un desgaste que erosiona no solo la confianza en los dirigentes políticos, sino también la convicción de que la participación ciudadana puede contribuir a transformar la realidad. Así se instala una resignación peligrosa para cualquier democracia, aquella sensación de que da lo mismo quién gobierne porque, independientemente de las promesas y de quienes ocupen los cargos de autoridad, pareciera que siempre estaremos peor que ayer.
Por tanto, este séptimo aniversario del 18 de octubre debiera dejarnos, al menos, una lección que trasciende las diferencias entre izquierda y derecha. Siempre es necesario desconfiar de quienes se suben a la ola del malestar social para conquistar, aumentar o preservar sus cuotas de poder y privilegios. Porque, para bien o para mal, si algo nos ha enseñado la historia es que los problemas que no se resuelven, las injusticias que se perpetúan y los abusos que se ocultan terminan, tarde o temprano, por estallar. Y cuando aquello ocurre, rara vez son quienes administran el poder los que pagan las mayores consecuencias. Son, una vez más, los hijos e hijas de los sectores trabajadores y de las clases medias quienes terminan enfrentando los costos de decisiones que otros tomaron, de promesas que nunca se cumplieron y de conflictos que pudieron haberse evitado.
