La iniciativa del Gobierno, que busca sancionar la interrupción del tránsito y ahora pasó al Senado, fue despachada por la Cámara con una excepción para protestas pacíficas. Mientras el diputado Leandro Kunstmann advierte sobre los riesgos de bloquear el puente Pedro de Valdivia, el parlamentario Marcos Ilabaca acusa un intento de criminalizar demandas sociales legítimas.
En Valdivia existen lugares emblemáticos para las manifestaciones. La Plaza de la República, frente a la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, es uno de ellos. También están los frontis de la Municipalidad de Valdivia, del Hospital Regional, la Seremi de Salud y del Serviu, entre otros. Y está el puente Pedro de Valdivia, uno de los puntos más reconocibles de la ciudad y que también ha sido escenario de las más grandes manifestaciones que han ocurrido en la capital de la región de Los Ríos.
Actualmente, el Congreso discute la denominada Ley Antibarricadas 2.0. La propuesta original del Gobierno del presidente José Antonio Kast buscaba ampliar las sanciones penales a la interrupción u obstaculización total o parcial del tránsito, incluyendo interrupciones parciales sin violencia ni intimidación. El propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió durante la tramitación que el proyecto buscaba sancionar los cortes totales o parciales y cuestionó que un corte de tránsito pudiera considerarse pacífico.
Sin embargo, durante su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó una indicación del diputado socialista Raúl Leiva que excluye de la aplicación de esta nueva figura penal a quienes ejerzan de forma pacífica el derecho a reunión, huelga o manifestación.
En Los Ríos, el diputado republicano Leandro Kunstmann votó a favor del proyecto y en contra de la indicación que excluyó las manifestaciones pacíficas.
“Hay una protesta universitaria o de otro tipo, se toman el puente poniendo en peligro vidas desde la Isla Teja y el sector costero, Niebla e incluso Corral. Esta ley va a impedir esto y eso le va a dar aún mayor fuerza a Policía y a Carabineros para poder realizar un buen control”, dijo.
La posición contraria la tuvo el diputado socialista Marcos Ilabaca, que votó en contra del proyecto y a favor de la indicación que excluyó de estas sanciones a quienes ejerzan legítimamente el derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
“Pensemos, por ejemplo, presidente, en un comité de vivienda que se reúne frente a una repartición pública como el Serviu, porque lleva años esperando una solución. O hay profesionales de la salud que se manifiestan fuera de un hospital para exigir más personal y más insumos. O una junta de vecinos que reclama en la acera por la inseguridad de sus barrios. Lo que sucede es que aquí tenemos una derecha que, recordando los peores años de autoritarismo, quieren acallar al pueblo ante sus indolentes medidas que van en contra de ellos. Ustedes no quieren que el pueblo les diga que están equivocados y que están errados. Hoy día el único peligro concreto son ustedes que están tratando de asesinar día a día al pueblo que está pasando muchas necesidades”, afirmó.
La discusión, sin embargo, todavía no termina. La Ley Antibarricadas 2.0 pasó al Senado, donde la excepción incorporada por la Cámara para proteger las manifestaciones pacíficas puede mantenerse, modificarse o rechazarse durante el segundo trámite constitucional.
